WPw ese a la renuencia de los partidos políticos, los impuestos serán uno de los grandes temas de la campaña electoral que tenemos en puertas en España. Esta vez será difícil despachar la cuestión con la ritual promesa de que se bajarán sin dejar de prestar servicios. Lo niega, además, el espíritu de la reforma que se hará de la Constitución para introducir el equilibrio presupuestario.

La posibilidad de recuperar el impuesto del patrimonio, en la estela de la reciente apelación de algunas grandes fortunas francesas para que la presión fiscal sea mayor entre los que más ingresan, es una clara alusión al segundo principio de la política tributaria: que sea equitativa, además del principio obvio de que todos los ciudadanos están obligados a contribuir. De que la equidad presenta grietas en el actual sistema hay recientes ejemplos, algunos de los cuales han sido difundidos por los técnicos del ministerio.

Es el caso del impuesto de sociedades, cuya recaudación se está reduciendo drásticamente en los últimos ejercicios. Y no todo se debe a la caída de la actividad y, por tanto, de los beneficios. Según algunas estimaciones, en las grandes empresas es mayor la caída de los pagos a Hacienda que la de sus beneficios. Se comprueba con los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los estados contables de estas empresas.

Ahora que el Gobierno ha establecido el adelanto de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, también puede resentirse la equidad. Las cámaras de comercio han avisado de que a muchas pymes --con facturación inferior a los 60 millones de euros-- esa exigencia las perjudica más que a las grandes empresas, con mayor tesorería o mejor acceso al crédito.

En cuanto al IRPF, otro estudio demuestra que no es cierto el tan socorrido argumento de que los españoles pagan menos impuestos que el resto de europeos, porque a la proporción entre ingresos y contribución hay que añadir el esfuerzo fiscal, que se hace a partir de esos ingresos. En cambio, se confirman los datos de que los asalariados declaran más por IRPF que empresarios y profesionales. Otra desigualdad que demuestran que los controles de fraude no están funcionando como debieran.

Revisar la Constitución debe tener esta ventaja: además de exigir la contención de gastos, hay que abordar también el más justo reparto entre todos de la contribución a los ingresos del Estado.