Dentro del abanico de comentarios dejados por los lectores a raíz de la noticia publicada en la prensa sobre una reciente propuesta política consistente en crear un impuesto municipal de 10 euros anuales por la tenencia de un perro, se podía leer que entonces habría que imponer una tasa a quienes tengan hijos por el gasto ocasionado a las arcas públicas en cuestiones como la educación, la sanidad o los parques infantiles, así como prohibir la entrada de los niños en los espacios de esparcimiento habilitados para los animales. Parece no tenerse en cuenta que la transformación del entorno y la configuración de la arquitectura social persigue satisfacer las necesidades humanas (sin que ello signifique mantener una actitud de crueldad, desprecio o indiferencia hacia el equilibrio de los ecosistemas y la sostenibilidad de la vida en el planeta), y que invertir en la formación y la salud de los menores no es un lujo ni una excentricidad social. Quienes van a ejercer en un futuro la profesión de veterinario, ¿las mascotas o las personas?
