Las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se encuentran congeladas hasta que la Abogacía del Estado adopte una posición en las alegaciones que ha solicitado el Tribunal Supremo a las partes sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha reconocido la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. La reanudación de los contactos estaba también pendiente del congreso de los republicanos celebrado ayer, en el que, por primera vez y no de forma oficial, sino en los pasillos, se puso una fecha para la posible investidura entre el 27 de diciembre y el 5 de enero si el PSOE y ERC llegan finalmente a un acuerdo.

El gesto de la Abogacía del Estado que solicita ERC no parece presentar grandes dificultades si tenemos en cuenta que ese organismo, que depende del Gobierno, ya fue favorable en su momento, contra el criterio de la fiscalía, a que Junqueras pudiera recoger el acta de europarlamentario, lo que impidió el Tribunal Supremo y ha sido desautorizado por el TJUE. Una posición similar de la Abogacía del Estado podría allanar ahora el camino hacia la investidura del líder socialista. Esquerra reclama también, para alcanzar el pacto, una «nueva etapa política» que «solo puede dar inicio si la política desplaza a la represión», en palabras de Pere Aragonès, petición que el coordinador y máximo dirigente fuera de prisión de ERC enfatizó dirigiéndose al PSOE en castellano con un «¿se entiende?»

Lo que el PSOE tenga que entender forma parte de los contenidos de la negociación, pero lo cierto es que el congreso, que fue una balsa de aceite para la dirección, avaló la propuesta de priorizar la vía negociada. Aragonès presentó a ERC como «el rompehielos» contra el «muro del bloqueo de los que no quieren hacer política», mientras la ponencia política, aprobada por el 94% de los 600 militantes que votaron, apuesta por un referéndum pactado con el Estado, aunque no descarta, en segundo lugar, una consulta forzada con movilizaciones y desobediencia civil, y, en tercer lugar, la vía unilateral, aunque sin citarla y destacando que no es la «prioridad». La ponencia tampoco menciona la declaración unilateral de independencia (DUI), concepto que hasta ahora figuraba en la estrategia del partido tras haberse incluido a petición de la militancia en el congreso celebrado en el 2018. La orientación del congreso hacia el pragmatismo y la negociación no evitó en todo caso la retórica habitual de proclamar la irreversibilidad de la independencia y la inevitabilidad del referéndum, como hizo Junqueras en un audio grabado desde la cárcel.

Los signos indican que el acuerdo con el PSOE puede estar cercano, aunque no hay que descartar que al final las negociaciones vuelvan a estancarse. Sería una mala noticia porque España necesita cuanto antes un Gobierno, fruto del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que se ponga a trabajar para enfrentarse a los problemas pendientes y para intentar una vía de salida del conflicto en Cataluña.