La primera comparecencia del consejero de Interior del nuevo Gobierno vasco, Rodolfo Ares, en el Parlamento de Vitoria no ha podido ser más esclarecedora. Ares anunció la creación de una División Antiterrorista y de Investigación dentro de la policía autonómica, el refuerzo de la protección de las 40.000 personas (la cifra la dio el propio consejero) que viven en Euskadi amenazadas por ETA, y el "apoyo y respaldo a las personas y familias que quieren apartar a sus miembros de la violencia".

Parece mentira que no hubiera una división antiterrorista en la Ertzaintza, que hasta ahora disponía solo de una pequeña unidad. Y es que la falta de voluntad política del PNV unas veces y las reticencias del Gobierno central otras han afectado a la lucha contra ETA. Todo eso debe acabar y parece que la sintonía entre los dos poderes hará que así sea.

Más sangrante ha sido la indiferencia con que en muchas ocasiones se ha tratado el grave problema de los amenazados. Por eso es elogiable la iniciativa de Ares de dedicar más medios y recursos para reforzar la seguridad tanto de personas como de comisarías. Otro sector olvidado hasta hace pocos años, el de las víctimas, será también objeto de especial atención, con un departamento administrativo propio. Y ayudar a quienes quieran romper con el terrorismo es también un modo de acercar su final.