Esa Administración paralela

De acuerdo con la Constitución la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad...y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. En esta misma línea, el Estatuto Básico del Empleado Público establece que: todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. ¿Desconocerá la Junta de Extremadura dichos principios?, ¿los habrá olvidado, tal vez? Existe, en la actualidad, en nuestra Administración autonómica, una horda ingente de personal procedente de empresas públicas de la propia Junta de Extremadura, desempeñando funciones y trabajos propios de funcionarios, y cuyo único mérito conocido parece ser su cercanía y afinidad con el partido político gobernante; no han superado ningún proceso selectivo, y por lo tanto, sus contrataciones carecen de toda legitimidad; su presencia en la Junta de Extremadura supone un flagrante agravio comparativo para todo aquel personal funcionario y laboral que ha tenido que preparar y superar las correspondientes oposiciones, incluso para aquellos que sin haber obtenido plaza han superado algún examen y se hallan a la espera de ser llamados de alguna de las bolsas existentes. Estas contrataciones, además, redundan en claro detrimento y perjuicio del servicio público, que requiere, cada vez más, de un personal preparado a conciencia y altamente cualificado.