La conmoción por la detención de Carles Puigdemont y el desconcierto en el independentismo tras al auto de procesamiento del juez Pablo Llarena ha dado un nuevo protagonismo a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Se trata de una facción del movimiento independentista inspirada en el modelo castristas y que se ha dedicado en la última semana a protagonizar diversos cortes de carretera y sabotajes a los peajes --los transportistas de Castellón se están viendo perjudicados seriamente con los cortes en la AP-7 y la N-340 para pedir la libertad de los que denominan «presos políticos».

Estamos ante una forma de protesta que viola la legalidad democrática pues no se ampara en el derecho de manifestación y que bordea la insurrección con la que una parte del movimiento independentista coquetea desde el referéndum ilegal del 1-O. Ante esta actuación que carece de legitimidad alguna, los cuerpos policiales y la justicia deben actuar con una dosis a partes iguales de contundencia y proporcionalidad para señalar un nuevo camino intransitable para quienes que amparados tras la palabra democracia no quieren otra cosa que la imposición de sus ideas y de sus métodos.

Pero el fenómeno exige también una respuesta contundente por parte de la clase política y de las entidades que han protagonizado la mayoría de las movilizaciones a favor de la independencia, Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Frente a quienes llevan años esperando que este movimiento derive en una expresión violenta es necesario que se oigan más voces, más claras y más altas contra la escalada de los CDR en los últimos días. La indignación por los encarcelamientos no puede en ningún caso enmascarar cualquier sombra de duda. Si esa reacción no se produce, será el conjunto del movimiento el que quede mancillado por estos actos y eso no hará otra cosa que empeorar la situación de los encausados y de los presos, especialmente a ojos de la justicia alemana.

También quienes se oponen a la independencia, y que han sido en algunos casos víctimas directas de la acción de los CDR, deben vencer la tentación de intentar apagar el incendio con gasolina. La opinión pública española, incluida la catalana, es suficientemente madura para entender lo que está pasando sin necesidad de recurrir a analogías con otras situaciones. Esa es una carrera en la que tampoco se debería entrar.