El apego a la Primera Enmienda, el primer artículo de la Constitución estadounidense que recoge el derecho a la libertad de información y expresión, se hace sentir con fuerza en EEUU cuando los medios de comunicación están en juego. Un país en el que una filtración (caso Watergate) provocó la caída del presidente (Nixon , 1974) mantiene la coherencia al criticar, tanto desde las filas demócratas como desde las republicanas, el pinchazo masivo a la agencia de noticias Associated Press (AP). A pesar de que la Casa Blanca se desmarca de las escuchas a 20 líneas (fijos y móviles) en tres ciudades durante estos años, Barack Obama ha respondido a las filtraciones de la Administración con una dureza al nivel de la definición que hizo de WiliLeaks: "Actos deplorables". Mientras Justicia ciñe su defensa en la absoluta legalidad, las informaciones conocidas sobre estas escuchas por una operación de la CIA en Yemen en el 2012 relatan un comportamiento habitual entre periodistas y Administración. Pero la cadena de pasos al uso se rompe y, de momento, nadie explica el espionaje masivo a la agencia durante dos meses, dejando a las fuentes sin la confidencialidad imprescindible para el trabajo periodístico. El caso vaticina un nuevo dolor de cabeza para Obama, puesto que periodistas y legisladores no parecen dispuestos a conformarse con el escueto comunicado oficial ante lo que consideran un posible atentado contra la libertad de expresión. La tradición manda.
