El PSOE ya ha anunciado que antes de final de curso aplicará una moratoria de dos años a la ley de calidad de la educación. Suspenderá así la mayor parte del texto con la intención de abrir el diálogo no realizado hasta ahora y para buscar consensos cara a reformar aspectos polémicos como los itinerarios segregadores, la obligatoriedad de la religión o la reválida.

Ante esta situación, el anuncio realizado por varias autonomías de congelar las decisiones sobre preceptos que probablemente se cancelarán antes del curso próximo podría ayudar a reducir en las escuelas la confusión ante los cambios, aunque Extremadura ha dicho que continuará aplicando la LOCE hasta que haya una orden en contra del Gobierno.

El ejercicio de previsión que plantean algunas comunidades no debe convertirse en un desacato a la legalidad que genere inseguridad jurídica y desconcierto entre padres y profesores. Y eso es lo que sucederá si se incumplen normas que ya están en vigor en este periodo escolar y que podrían estarlo aún en el próximo, como, por ejemplo, el fin de la promoción automática. Si se quiere dar tranquilidad y estabilidad a los centros educativos no se debe actuar unilateral ni precipitadamente.