WTw ras el ataque terrorista sufrido por un blindado del Ejército español en el Líbano, lo primero que corresponde es mostrar toda la solidaridad con las familias y los amigos de los seis jóvenes fallecidos y expresar el respeto y el apoyo a los militares españoles que realizan misiones de paz --y que, como en esta ocasión, se aprecia hasta qué punto pueden ser arriesgadas-- en distintos lugares de conflicto.

Pero dicho esto, conviene establecer algunas consideraciones políticas. En primer lugar, y ante las voces que ayer, en una muestra de oportunismo, pidieron la retirada de nuestros soldados del lugar del conflicto, es preciso adelantar que las tropas españolas deben continuar con su misión, bajo el mando de la ONU, y en los términos aprobados por unanimidad en el Congreso de los Diputados, el 7 de septiembre del año pasado, pocas semanas después de que cesaran las hostilidades entre el Ejército israelí y las milicias de Hizbulá. Un revés tan fuerte como el sufrido el domingo no puede hacer variar nuestra posición. España debe seguir jugando un papel en las misiones internacionales, como corresponde a su potencial.

Algunas de esas intervenciones, como la del Líbano o la de Afganistán, son de alto riesgo para las tropas participantes. Negarlo sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno. Ahora bien, pese a la afirmación realizada ayer por el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de que no se debe ocultar que en el Líbano hay un "escenario de guerra", cabe recordar que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, nunca ha negado tal extremo. Si lo que pretende el PP es establecer un paralelismo entre esta misión y la de Irak, promovida por el Gobierno de José María Aznar, se equivoca. Las circunstancias son muy distintas. Aquélla decisión se impuso con la posición contraria, y de forma casi unánime, de la sociedad española. En esta ocasión hay un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, algo que no ocurría en la intervención en Irak, liderada por Estados Unidos, pero sin el respaldo de Naciones Unidas. Aquella era, por tanto, una guerra desencadenada al margen de la legalidad internacional. El presidente Rodríguez Zapatero retiró las tropas españolas de Irak por eso y no porque fuera una misión peligrosa.

Sería muy deseable que entre el PSOE y el PP no se entablara una batalla política a propósito de este ataque terrorista. Estamos ante una materia de Estado que requiere un amplio consenso institucional, sin que ello signifique que cada cual no pueda ejercer su función. En este sentido, la oposición puede y debe reclamar información al Ministerio de Defensa. Por ejemplo, Alonso debe explicar con detalle por qué el vehículo blindado atacado no disponía de inhibidores de frecuencia. La opinión pública debe tener claro que si enviamos soldados a lugares de conflicto, estos cuentan con los medios adecuados para realizar su misión con un riesgo limitado.