El argumento para forzar la reforma laboral, rebajar las pensiones y los salarios públicos, encorsetar la negociación colectiva y ahora precarizar las remuneraciones del trabajo vinculándolas al mito de la productividad es siempre el mismo: "Dar credibilidad al sistema para recuperar la confianza de las instituciones y los mercados financieros internacionales, que tienen serias dudas sobre la economía española y su capacidad para hacer frente a un elevado endeudamiento". Los trabajadores poco podemos hacer, más allá de soportar nuestras propias miserias. Hemos pasado de la precariedad al paro y del empleo estable a la economía sumergida, nos han convencido de que envejecer o caer enfermos nos convierte en un lastre económico; por eso hemos permitido el recorte del gasto en servicios públicos (sanidad, protección social, educación-) que están saliendo al mercado para que este regule el acceso diferenciado de los usuarios.
Sabemos que estamos en la misma crisis desde 1973. Desde entonces el problema no es de escasez, sino de acumulación, es decir, de justicia social. Hay que limitar el crecimiento y racionalizar el reparto. Pero este es un asunto político demasiado espinoso para dejarlo en manos del mercado. Algo de esto barruntan los empresarios, que saben que la salida de la crisis no es solo económica y hace falta mucha política. Hace unas semanas dieron visibilidad a su lobi, el Consejo Empresarial para la Competitividad, del que apenas sabemos nada, con poderosa capacidad de influencia ante un Gobierno débil.
Luis Fernando Crespo **
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