La larga y soterrada pugna entre el Tribunal Constitucional y el Supremo (especialmente su sala de lo civil) tuvo ayer un episodio chocante: 11 magistrados del Constitucional han sido condenados a indemnizar a un abogado por no argumentar el archivo de un recurso. Este inédito encontronazo no parece justificado ni por la importancia del asunto que se dirimía ni por la gravedad de la presunta incorrección cometida. Aunque casos anteriores, de no mayor relevancia, acabaron también con una reacción desproporcionada del Supremo, que hace años llegó a invocar el arbitraje del Rey. El conflicto entre los dos tribunales tiene raíces profundas. Desde el Supremo se considera que el Constitucional se ha extralimitado al rectificar algunas de sus sentencias, hasta el punto de desvirtuar el artículo 123 de la Constitución, que instituye al Supremo como vértice del orden jurisdiccional. Desde el Constitucional se recuerda su competencia para garantizar los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. Es una divergencia, heredada de los equilibrios que pesaron sobre la redacción de la Carta Magna, que debería reconducirse si no se quiere aumentar el descrédito de la justicia.
