El encarcelamiento de un educador social y titular de una casa de agogida de niños tutelados, sobre el que pesa la acusación de abuso de menores y pornografía infantil pone gravemente en cuestión los controles que ejerce la Administración pública en la prestación de este servicio social. David Donet trabajaba para la Generalitat desde 1997 y, según la única información que ha facilitado el gobierno catalán, en esos 16 años atendió a 14 niños, un trabajo por el que era retribuido. De hecho, era su primera fuente de ingresos. Es evidente que no solo falló el sistema de evalución del candidato, sino que los controles posteriores y periódicos tampoco se hicieron bien. Los testimonios periodísticos recogidos tras la detención no tienen valor científico ni probatorio, pero inducen a pensar que quienes se encargaban de evaluar la casa de acogida de Lérida no eran en absoluto rigurosos. La sociedad tiene derecho a saber cuanto antes cómo se han podido producir errores del sistema tan importantes y durante tanto tiempo, y qué medidas se están tomando para que no se repitan.
