WSw igue creciendo el escándalo por el espionaje ilegal de dirigentes del PP. Ayer se supo que son al menos tres los espiados, aparentemente por un servicio parapolicial de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy ha ordenado una investigación interna, para disgusto de la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que ha amenazado con llevar a los tribunales a quienes, como su rival, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dan por hecho que el espionaje ha sido ordenado desde el Gobierno regional. Dos de los espiados de los que se tiene noticia --Manuel Cobo y Alfredo Prada-- son dirigentes afines a Rajoy y al alcalde de Madrid. No así el tercero, Ignacio González, que es vicepresidente de Aguirre, aunque está al parecer enfrentado a Francisco Granados, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior que creó la unidad parapolicial que está en el centro de este embrollo. Rajoy aceptó al principio las explicaciones de Aguirre, quien negó que su gobierno estuviera tras esas operaciones, pero al saber ayer que un tercer dirigente, Prada, miembro además de su equipo de dirección, había sido también espiado, dio un golpe sobre la mesa y ordenó una investigación interna. Este escándalo amenaza con trastocar los equilibrios de fuerza en el PP.
Si lo publicado por El País se sostiene en pruebas irrefutables, Aguirre deberá asumir su responsabilidad, que pueden obligarle a dimitir. Incluso si resulta, por increíble que parezca, que las ilegalidades las cometió a sus espaldas el consejero Granados, también tendría responsabilidad por no haberlo controlado.
