Pese a poner el grito en el cielo y acudir a la policía por haber sido espiada en un restaurante, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho , ha sorprendido a todo el mundo renunciando a saber quién lo ordenó. Y lo hace a cambio de que la agencia de investigación Método 3 le indemnice con 80.000 euros que destinará a obras sociales. María Victoria Alvarez , examante de Jordi Pujol Ferrusola , su compañera de mesa aquel día, también ha firmado un acuerdo por el que recibirá 50.000 euros. Las únicas cosas claras de este fenomenal lío son, por una parte, que la principal víctima del caso, que inició un proceso que llevó a la detención del director de la agencia y a su quiebra, ha renunciado a todos sus derechos. Como lo ha hecho también la segunda perjudicada, que citó a Sánchez-Camacho para explicarle los negocios no declarados del primogénito de Jordi Pujol. Y, por otra, que el desestimiento de la política conservadora, que incluye la no difusión de la conversación, ha sido decidido pocos días antes de que se levantara el secreto del sumario.
