WEwn algunas esferas de la Administración central se desea aumentar el protagonismo de los delegados del Gobierno en las autonomías. El principal argumento es que los españoles tienen derecho a saber que es el Estado quien les presta la mayoría de los servicios básicos que reciben, y que éstos son muchos más de los que habitualmente se dice y se cree en este tiempo de auge autonómico y de la esfera municipal. Entre los últimos casos acaecidos a nivel nacional podemos destacar, por ejemplo, que la Administración central debe decir en voz alta que será la que más dinero aporte para paliar la crisis del Carmel desatada en Barcelona por el hundimiento del túnel de las obras del Metro y no esa autonomía. Hay cierto complejo en esta postura.
Pero el modelo autonómico nace de una filosofía descentralizadora, en lo administrativo, pero también en lo político, por la convicción democrática de que hay una mayor sensibilidad ante los problemas y más eficacia a la hora de abordarlos por parte de los políticos y gestores más próximos a los ciudadanos. Eso no va contra el poder central o los delegados gubernativos: va a favor de los ciudadanos. Y es fastidioso y poco serio tener que volver a empezar a discutirlo.
