El campo estalla. Fue el titular que elegimos este miércoles en El Periódico Extremadura para informar de la manifestación protagonizada en Don Benito por unos 7.000 agricultores hartos de los bajos precios de sus productos. Hubo debate en la redacción; usar el verbo estallar hacía a los agricultores de algún modo culpables de los altercados que tuvieron lugar con la Policía cuando un amplio grupo de ellos llegó a derribar la valla de hierro que da acceso al recinto de Feval. Pero finalmente se optó por él después comprobar que se trataba de mucho más que un incidente puntual con la Policía; era la expresión de rabia contenida de mucha gente y durante mucho tiempo por ver cómo sus productos cuestan en el súper hasta siete más que en el campo y esto hace que unos, los intermediarios, se enriquezcan, mientras que otros, los productores, se arruinan.
La protesta de Don Benito no ha sido la única. Esta semana se han registrado hasta 14 manifestaciones en 5 comunidades autónomas y se prevén para los próximos días nuevas concentraciones en Santander, Toledo o Madrid. El gobierno de España, y de los diferentes territorios, se enfrentan a una crisis que va mucho más allá de la consideración y puesta en valor de un sector determinante para este país como es la agricultura y la ganadería. Estamos hablando del sostenimiento, el modus vivendi, de la España rural.
La preocupación se puede decir que es generalizada en todos los sectores, aunque hay algunos que se consideran particularmente afectados como son el aceite de oliva, la fruta o la horticultura de invernadero. No es de recibo, como apuntábamos esta semana en un reportaje firmado por la periodista Rocío Sánchez, que el kilo de aceitunas verdes se pague a 0,74 céntimos al agricultor mientras que el precio en destino sea de 4,78 euros, que la mandarina cotice a 0,24 céntimos y al consumidor se venda a 1,92 euros o que la naranja normal, de costar 0,18 céntimos en el campo se suba a 1,42 euros cuando llega al supermercado. Se trata de un incremento de casi un 700% o, lo que es lo mismo, multiplicar por siete el precio final de los productos. ¿Quién se queda ese dinero por en camino? ¿Tanto, tanto, tanto cuesta la intermediación?
EL CAMPO ES DIFÍCIL y en Extremadura si cabe más. Me enorgullezco de ser de pueblo y sé cuando hablo lo que valen las cosas y lo que cuesta sacar adelante una explotación. Porque no nos engañemos, hay grandes propietarios, cada vez más en manos de grandes empresas que todo hay que decirlo, pero mayoritariamente hay pequeños agricultores al frente de explotaciones familiares que trabajan la tierra y se suben al tractor. Hacer demagogia diciendo que son terratenientes los que protestan, como se ha hecho desde Madrid, es no conocer Extremadura o coger la parte por el todo. Y no se trata solo de espantar la idea de que la subida del salario mínimo ha provocado el aumento del desempleo en el campo, como ha sugerido el propio presidente Vara, hay que entrar en el fondo de la cuestión para saber que el salario de los jornaleros se podría subir sin problemas si los agricultores percibieran lo que les corresponde por sus productos. Ahí radica el fondo del problema, que una pequeña explotación, la que sea, tiene que dar beneficios para soportar las cargas y, además, sacarse su titular un sueldo digno. De lo contrario, apaga y vámonos, a otra cosa y que sea otro quien meta las manos en la tierra.
Considero que el ‘estallido agro’ ha servido para que la administración, toda ella desde la autonómica a la nacional y por extensión la europea, empiece a darse cuenta de que hay que buscar una solución a este sector antes de que muera por inanición. Bienvenida la postura de la Junta de Extremadura poniéndose al frente de la reivindicación, aunque no debería despreciar el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Se trata de una causa que no es política ni partidista, es una máxima regional, de toda la gente, que requiere de apoyo y unanimidad.
Exigir al Gobierno una ley de precios mínimos, abrir una mesa de diálogo para abordar la situación complicada que atraviesa el campo, plantear a la Mesa de la Asamblea la creación de una comisión de estudio sobre estos problemas del campo para escuchar, como se ha dicho, «a mucha gente que tiene muchas cosas que decir para hacer mejorar la situación» es un primer paso, lo mismo que no hacer coincidir por parte de la Junta los planes de empleo público con las campañas agrícolas y así disponer de mano de obra de forma ordenada.
El problema es que la paciencia ya se ha agotado y las soluciones tienen que llegar de inmediato. El campo ha estallado como digo y va a ser complicado apagar la mecha.
