XExn política siempre se corre el riesgo de reducir un discurso, o una posición, a los tópicos de rigor y a las simplificaciones. Desde hace meses la reforma del Estatut de Catalunya viene acaparando buena parte del tiempo que dedican nuestros medios de comunicación a la actualidad y buena parte del tiempo que dedican nuestros gobernantes a solucionar --es un decir-- los problemas del país. Ya sabemos que el Estatut va a romper España, que leer su preámbulo produce urticaria, que pondrá en riesgo nuestra patria y que su propuesta de financiación es éticamente reprobable . Eso son los titulares de la cuestión, pero ¿cuál es el trasfondo?

Será por aquello de los principios revolucionarios del 68 que uno, cuando le nombran a la Patria, no se pone en pie. La patria es de sus dueños --rezaba uno de los grafitis del París de Jean Paul Sartre -- entre los que por supuesto no figura el pueblo . ¿A quién beneficia el Estatut de Catalunya?

El nuevo proyecto de Estatut es prácticamente una Constitución con reglamento incluido: ¡227 artículos, frente a los 169 de la Constitución Española o los 57 del aún vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña! 227 artículos donde no queda espacio para la democracia participativa, para un aumento sustancial de los derechos sociales o para la descentralización local en beneficio de los ayuntamientos. El blindaje de competencias, el sistema de financiación y la promoción de la cultura catalana, junto al funcionamiento de las instituciones, particularmente de la Generalitat, ocupan el 90% del articulado de un proyecto nacido en un parlamento donde los nacionalismos son mayoritarios y donde aún se siente la influencia de los gobiernos de Puyol .

He aquí uno de los primeros elementos del transfondo: la cuestión nacional, que durante el franquismo y particularmente en Catalunya, tuvo un papel importante en la lucha democrática contra la dictadura, ahora está marcada por los larguísimos gobiernos de Puyol... Un nacionalismo de derechas que en su momento jugó un papel democrático pero hoy juega un papel de clase. Las izquierdas catalanas han entrado en el coladero del nacionalismo de corte burgués en el momento en que aceptan incluir dentro del Estatut un modelo de financiación asimétrico que cuestiona en primer lugar el papel del Estado para redistribuir la riqueza en beneficio del conjunto de los ciudadanos, al margen del lugar de su nacimiento, y que modifica, de manera bilateral, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que fue fruto del consenso entre las regiones y el Gobierno central.

La LOFCA plantea un reparto de los fondos basado en la solidaridad y en el derecho ciudadano a disfrutar de unos servicios básicos al que puedan acceder todos los hombres y mujeres, más allá de su raza, lugar de nacimiento y poder adquisitivo. El Estado, que recauda el 100% de los impuestos y los redistribuye, es el garante último del mantenimiento de dichos servicios. ¡Lo que plantea el Estatut de Catalunya es que la Generalitat recauda el 100% de los impuestos en su comunidad y negocia con el Gobierno central la parte que le corresponde para la solidaridad! Todo para el que más tiene. Pero incluso en la riqueza generada en Catalunya hemos intervenido el resto de los ciudadanos, del mismo modo que la riqueza de una empresa es fruto del esfuerzo de sus trabajadores... y después del empresario (aunque esto último yo lo pongo en duda).

Este dominio hegemónico de la derecha se percibe también en los derechos sociales y laborales incluidos en el proyecto de Estatut: no van más allá de la Constitución Española, no disputa con ésta en el campo de lo social, todo lo reduce a declaraciones y no hay avances en materia fiscal, de vivienda, de empleo, de propiedad...

El segundo elemento del transfondo, también recorrido por el sentimiento nacionalista, es el de los derechos históricos... una formulación que a un internacionalista le genera aprehensión: no estamos de acuerdo con una categoría de derechos basados en la historia --pero ¿Qué historia? ¿Quién tiene derecho a interpretar la historia?-- que pueden oponerse a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. La voluntad de los ciudadanos podemos conocerla fácilmente, es cuestión de votar, pero... ¿Y la voluntad de los derechos históricos? ¿Qué versión es la más fidedigna?

Son demasiados los interrogantes que plantea el Estatut, y las expectativas que pueden haberse generado en Catalunya es posible que queden defraudadas tras el articulado final que resulte en el debate en las Cortes Generales. La responsabilidad de defraudar las expectativas estará en aquellos partidos que, cerrándose al diálogo, afirmen que la propuesta de Estatut es intocable y en aquellos otros que, por visión electoral, no contribuyan a cambiar en el Congreso un proyecto que nos afecta a todos y que no es federal ni abre una puerta al federalismo, sino confederal e insolidario.

Catalunya tiene derecho a reformar su máxima ley orgánica, porque desde Aristóteles la política se basa en deliberar sobre aquello que es obra de los hombres y modificable por los hombres. A lo que no tienen derecho los políticos catalanes es a reformar la LOFCA que nos afecta a todos sin pedirnos opinión, de manera bilateral, rompiendo un acuerdo que fue fruto del pacto de muchos, de todas las regiones con el Gobierno central. Por eso, el Parlament está en su derecho a modificar el Estatut y el Congreso tiene el deber de no aceptar aquellas modificaciones que atenten contra una financiación simétrica y solidaria y una fiscalidad progresiva.

*Coordinador general de Izquierda

Unida--Extremadura