El nuevo Estatuto de Cataluña cumple hoy dos años de su entrada en vigor, sin que haya dado sus frutos la comisión bilateral Estado-Generalitat que debía concretar la aplicación de los preceptos destinados a incrementar los recursos de la Administración catalana. Buena noticia para regiones como Extremadura. Cataluña se siente especialmente castigada, junto a Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, por el vigente sistema de financiación autonómica y pretende que el Gobierno modifique los criterios de solidaridad imperantes hasta la fecha. El hecho de que desde Cataluña se entienda que el balance de la aplicación del Estatut no es favorable debe entenderse como un punto a favor de las autonomías que, como Extremadura, estiman que el sistema solidario actual debe mantenerse.
Ayer, el presidente catalán, José Montilla, dijo que el nuevo sistema puede ser "coral" para que sea compartido por otros, pero siempre que tenga "la letra y la música" del Estatut. Sin duda, ese no es el camino. España tiene 17 autonomías y cualquier sistema de financiación presente y futuro debe tener como objetivo final limar las diferencias económicas entre autonomías. Y Cataluña no debe marcarle el ritmo a nadie.
