TEtl proyecto de Estatuto de Cataluña construye de facto y de iure una estructura estatal tanto en la parte dogmática del texto como en sus contenidos normativos. En consecuencia desborda los límites del federalismo para configurar una relación interestatal entre el Principado y el resto del Estado, una especie de tratado internacional similar al que une España a la UE. Si se aspira a configurar un nuevo modelo de Estado, los ciudadanos deben saber cual es el alcance y las consecuencias del cambio institucional que se les plantea. Ese proceso ha de realizarse de una manera transparente y contradictoria. Esas son también las reglas del juego en un sistema democrático.
En el plano económico-financiero, ahí ya sin tapujos, el Estado alumbrado por la Constitución de 1978 deja de existir en Cataluña. El gobierno autonómico absorbe todas las competencias normativas y regulatorias tanto de los mercados --financiero, laboral, energético, etcétera-- como del entorno institucional en el que opera la economía y dispone la representación orgánica de la Generalitat en las agencias estatales --Banco de España, CNMV, CNE, CMT, etcétera--. El Estado no podrá ejercer dos tareas básicas: asegurar la unidad de mercado y la solidaridad interterritorial.
En una visión dinámica, el impacto sobre la unidad de mercado de la constitución económica dibujada en el Estatut es inquietante. Las economías de escala y la reducción de los costes de transacción generadas por un espacio económico común se debilitan e incluso pueden llegar a desaparecer con costes sociales y económicos muy altos para el conjunto del país pero sobre todo para la propia Cataluña. Si el modelo catalán se extiende a todas o a algunas autonomías, extremo probable, la generalización de la heterogeneidad legislativa e institucional se traducirán en una pérdida de eficiencia y de bienestar muy alta.
*Periodista
