WEw l PP e IU acordaron ayer en la Asamblea una sustancial modificación del estatuto de los expresidentes. Aunque la Junta se ha comprometido a presentar un texto detallado en dos meses, el acuerdo supone despojar el estatuto actual de cuantas disposiciones tiene sobre sueldos, pensiones y medios para sostener la oficina creada al efecto. Lo que quedará en ese estatuto, por tanto, será la consideración protocolaria y honorífica para quienes han ocupado la jefatura de la Comunidad.

Es una modificación razonable y que encauza un asunto que no era de recibo ni aun en tiempos de bonanza, por cuanto es difícil no situar bajo el epígrafe de 'condiciones privilegiadas' el que una persona obtenga el 80% del sueldo que cobraba por una actividad después de haberla dejado y durante la mitad del tiempo que la ejerció; o el 60% a partir de los 65 años, además de la jubilación que le corresponda, sin contar oficina, personal, coche oficial y chófer. La oficina del expresidente ha sido tan controvertida que aun no percibiendo Rodríguez Ibarra sueldo alguno, porque renunció a él, ha sido vista como una institución de incierta justificación y que ha traído enfrentamientos entre partidos e incluso del propio Ibarra con su sucesor y con el expresidente de la Asamblea. Con todo, no hay que olvidar que esa norma fue apoyada por el PSOE y el PP y que su negociación coincidió con la extensión de la liberación a todos los parlamentarios que lo desearan. Un asunto este que no ha sido discutido ahora y que debería abordarse puesto que también puede incluirse sin matices en el epígrafe de 'condiciones privilegiadas' en el que con razón se incluyó el estatuto de los expresidentes.