La reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura quedó ayer definitivamente aprobada en el Pleno del Senado luego de que el texto remitido por el Congreso no sufriera ninguna modificación, por lo que no era necesario que volviera para su discusión por los diputados. A su vez, del escrutinio al que ha sometido el texto la Comisión Constitucional de la Cámara Alta han salido algunas modificaciones que han recortado las pretensiones extremeñas --particularmente la que hace referencia a la inversión extraordinaria del 1% del PIB para alcanzar la nivelación de servicios con la media nacional, limitada a siete años por el Congreso--, pero, aun así, este texto reformado da a la región más competencias y eleva a rango de ley orgánica (el Estatuto lo es) asuntos pendientes hasta ahora no garantizados como la cuantificación de la deuda histórica del Estado para con la región (a partir de ahora el Gobierno tendrá un año de plazo para cuantificarla y tres para pagarla); la mencionada inversión extraordinaria similar al 1% del PIB y los criterios los criterios que defiende la región para establecer la financiación autonómica: la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, la baja densidad, el peso del mundo rural...

Es notorio que este nuevo texto extremeño, como todos los que han ido aprobando los parlamentos regionales y sometiéndolos a las Cortes, son, en parte, un reflejo condicionado por la nueva situación creada por el Estatut catalán, que marcó unas nuevas relaciones con el Estado y, de rebote, con el resto de comunidades, y cuya característica principal era al aumento de la tensión centrífuga, que se expresa en una actitud insolidaria y en un debilitamiento del Estado para empujarlo hacia un marco federal, cuando no confederal. Pues bien, justo es reconocer que el reformado Estatuto extremeño es, quizás, el primero de los de nuevo texto que tiene un marcado carácter integrador, que se define en que siendo defensor de Extremadura y los extremeños, no ataca a los que no lo son ("Más Extremadura y más España", dijo Francisco Fuentes). Ha evitado arrogarse Icompetencias exclusivasI --que son en su misma definición excluyentes para el resto de comunidades o que invadan su soberanía--, como los Estatutos andaluz y castellano-leonés con respecto a los ríos Guadalquivir y Duero, aunque sí se pone a salvo --otra cosa sería una irresponsabilidad-- de "las diferentes formulaciones estatutarias que puedan significar perjuicios para la región".

A partir de ahora será responsabilidad de la Junta aplicar el Estatuto. Es preciso que lo haga con la prudencia que la difícil situación económica requiere. En este sentido, la nueva ´Constitución extremeña´ prevé la creación de nuevas instituciones --como el Personero del Común (Defensor del Pueblo) o el Consejo de Cuentas-- que requerirían gastos extra y, que por ello y por no constituir una perentoria necesidad ciudadana, tal vez habrá que esperar a tiempos más favorables.