La decisión del Gobierno central de reducir a cero la aportación económica a la que está obligado para que se pueda aplicar la ley de dependencia supone una herida quizá mortal para una norma que nació hace apenas siete años y con la que España pudo decir con orgullo que se colocaba entre los países socialmente más avanzados. La crisis económica, que estalló meses después de aprobada la ley, avaló el temor de quienes en su día creyeron que José Luis Rodríguez Zapatero pecaba de optimismo al dar por sentado que el erario no tendría problemas para financiar los 6.000 millones de euros anuales que cuesta aplicar la norma. Y el poco entusiasmo del Gobierno actual para mantener lo que ha sido definido como el cuarto pilar del Estado del bienestar (tras la enseñanza, la sanidad y las pensiones) ha terminado por llevar el cumplimiento de la ley a un callejón al que no se ve salida.

Más allá de su grosería formal --se ha dado a conocer de forma subrepticia en el plan de reformas colgado en la web de la Moncloa--, el golpe definitivo a la ley de dependencia supone otra muestra de la táctica del Ejecutivo del PP de desplazar a los escalones inferiores de la Administración el coste de medidas impopulares. Porque coloca a las autonomías, que en la práctica ya asumían un porcentaje de financiación mucho mayor del que les correspondía --para compensar el que el Gobierno debe poner y no pone-- en la tesitura de obtener recursos adicionales, un objetivo poco menos que imposible, o acentuar los impagos a quienes tienen reconocida la ayuda económica o a las empresas del sector que prestan esa asistencia.

Las consecuencias del hachazo serán no solo una peor calidad de vida de quienes tienen reconocido el derecho a la dependencia y sus familias, sino la pérdida de puestos de trabajo en el sector asistencial, hoy cifrados en 100.000 directos y 200.000 indirectos. Un grave daño económico se sumará a un gravísimo daño social. Pero, eso sí, Mariano Rajoy y la ministra de Sanidad podrán exhibir ante la UE que han recortado el gasto público en más de 1.000 millones de euros más.

Si hay que revisar la ley para adecuarla a las posibilidades de la España de hoy, el camino no es el emprendido por el PP, sino el de contar la verdad y abrir un diálogo político y social a todos los niveles. La dignidad de los dependientes no merece menos que eso.