WEwl Tercer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo está rodeado de mucha tensión. Desde que ETA asesinó en 1997 al concejal popular Miguel Angel Blanco, las familias de esas víctimas tienen un protagonismo creciente. Las décadas precedentes, en las que tuvieron que soportar su carga con poca ayuda, ha dejado paso a una intensa politización. Esos familiares tienen derecho a exigir no ser una "moneda de cambio" si hay conversaciones con ETA, pero deben dejar que el Estado busque, con todos sus resortes democráticos y ateniéndose a la ley, fórmulas para acabar con el terrorismo.
La perspectiva, ya confirmada por Rodríguez Zapatero , de un posible final de ETA ha desatado una reacción desenfrenada del PP, que imputa ahora al Gobierno, sin aportar ninguna prueba, la intencionalidad de excarcelar ilegalmente a los miembros de la banda. La acusación está en la misma línea de cuando antes el PP denunció que ya no se perseguía, detenía y juzgaba a los terroristas, pese a que los hechos y las cifras demostraban lo contrario, pero crispa a las familias de las víctimas. Para redondearlo, el PP convocó ayer mismo a sus simpatizantes a sumarse a una próxima manifestación de dichas víctimas contra cualquier negociación con ETA.
