La ilegalización de Batasuna fue ayer lo primero en Casa Antonio Jiménez (RNE). Encarnación Valenzuela se felicitó de la unánime sentencia del Supremo que zanja que "Batasuna es parte de ETA". Para Rafael Escuredo, "lo relevante es que no es una decisión política, sino judicial. Eso refuerza el imperio de la ley; un régimen democrático no puede permitir que un partido político se convierta en un apéndice de los terroristas, ni que sus miembros encubran, apoyen y no condenen los actos terroristas. Nuestro Estado de derecho funciona".
Entrevistaron al ministro José María Michavila, quien elogió la sentencia, que "obliga a cancelar Batasuna y enajenar sus bienes" y que "garantiza que ETA no volverá a reírse del Estado de derecho: no tendrá un partido político en las próximas elecciones". Fernando Jáuregui aplaudió la sentencia, pero inquirió al titular de Justicia: "¿Qué ocurrirá con los 228.000 votantes de Batasuna en las últimas municipales?" Michavila insistió: "Los demócratas dejaremos de financiar con nuestros impuestos a quienes asesinan: 194 terroristas condenados estaban a sueldo de instituciones democráticas", y concluyó que los antiguos votantes de Batasuna "podrán votar otras opciones". "¿Por qué se ha tardado tanto?", preguntó Hermann Terstch. "Sabemos --dijo Michavila-- que hay que emplear todo lo que constitucionalmente vale en contra del terrorista". Le despidieron, constataron que no a todos gustó el fallo, y sólo Jáuregui defendió el derecho de discrepar de quienes temen que la clausura de Batasuna "traiga males mayores".
