Son ya muchas las ocasiones en que los españoles hemos podido contemplar como, en determinados momentos y casi siempre con el objeto de allanar el camino para la negociación con los terroristas, algunos jueces y políticos han tratado con condescendencia a batasunos y etarras. Hace unos días leíamos que uno de los asesinos de Puerto Hurraco se suicidaba en la cárcel de Badajoz, donde, tras 20 años recluido, seguía cumpliendo condena por sus crímenes. De Juana Chaos, por contra, y a pesar de haber asesinado a 16 personas más que el menor de los hermanos Izquierdo, es tan libre desde hace cerca de 2 años, que, a da de hoy, está huido e ilocalizable y, por tanto, fuera del control de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Recientemente, conocíamos también que el juez Garzón ponía en libertad al sindicalista batasuno Díaz Usabiaga para que pudiese cuidar a su madre, la que, por otra parte, podría haber sido atendida igualmente por sus otras dos hijas, sobre las que no pesa ninguna condena. Imagínense la respuesta de un juez a la petición de libertad, arguyendo los mismos motivos, de un preso no etarra cualquiera.

Otro de los jefazos de ETA, Iñaki de Rentería, el mismo que ordenó el asesinato del Rey Juan Carlos, también fue puesto en libertad hace apenas unos días. Y, claro, la acumulación de liberaciones y la falta de control sobre los asesinos etarras y sus colaboradores batasunos hacen que a muchos nos asalten las dudas y nos preguntemos qué motiva el trato de favor que se está dispensando a estos criminales y si debemos preocuparnos porque se está volviendo a la bochornosa política de apaciguamiento y cesión que el Gobierno practicó durante la pasada legislatura. A este respecto, los últimos acontecimientos dan, como poco, que pensar, y parece que solo el transcurso del tiempo aclarará qué está pasando.

Antonio Galván González **

Calzadilla de los Barros-Badajoz