TEtl dinero no tiene ideología distinta del beneficio y cuando el caudal es adecuado desaparecen los prejuicios contra la falta de libertad que se restituyen en forma de ganancias para la empresa que ha sido capaz de sortear sus escrúpulos. Acaba de ocurrir en la dirección de Google, que ha aceptado la censura que las autoridades chinas establecen en Internet. El monstruo del ciberespacio ha desaparecido de su buscador más de mil conceptos que no están acondicionados a los criterios políticos de las autoridades chinas. El tema no es privativo de Google. Antes que él, Yahoo y Microsoft ya habían claudicado para acceder a un mercado de comunicaciones por red que es el mayor del mundo. El negocio manda en un mundo globalizado en la que la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos es un menú a la carta con una balanza romana en el que el dinero pesa mucho más que la coherencia.

Por si alguien no lo sabía, convendría precisar que Google es una empresa norteamericana. Estados Unidos tiene establecido un bloqueo económico con Cuba desde hace más de cuarenta años y una ley extraterritorial, la ley Helmes-Burton, establece criterios para poder sancionar a empresas de terceros países que negocien con Cuba, de tal forma que los tentáculos precisos de la administración norteamericana alcanzan a las corporaciones de todo el mundo que quieran trabajar en Cuba y en Estados Unidos al mismo tiempo. Se me olvidaba decir que la razón que aplica Estados Unidos para esta guerra económica es la ausencia de Derechos Humanos en Cuba. En China las ejecuciones cada año en aplicación de la pena de muerte se cuentan por miles, pero en esto de la pena de muerte, George W. Bush es bastante comprensivo.

Cuarenta y siete años después del triunfo de la revolución cubana, Google se establece en China mientras el Gobierno de Bush tiene establecida una guerra de carteles desde su oficina de intereses en el malecón habanero para explicar a los cubanos los derechos humanos y la forma en la que entiende este país todopoderoso su aplicación. Nadie puede discutir que un Estado de Derecho con garantías para todos los ciudadanos es una exigencia democrática inaplazable. Lo que cada vez promueve más indignación, desde la devoción a los derechos humanos, que se vendan tan baratos como admitir la censura a cambio de unos buenos beneficios. Esas dos varas de medir, tan suaves con el poderoso, tan estrictas con el débil, son cada día más insoportables.

*Periodista