Presidentede FREAPA-CP

Me he preguntado en muchas ocasiones el porqué cierto sector muy definido del profesorado de nuestra región ha ejercido, durante estos últimos años, una tremenda beligerancia contra la LOGSE y los principios que propugnaba, llegando incluso a objetar de su aplicación. Ahora, sin embargo, se muestra tremendamente complaciente con la LOCE.

Pero, ¿qué proponía la LOGSE, para que la rechazasen de esa manera? A saber: unos principios y valores adaptados a una nueva sociedad nacida de la Constitución de 1978, la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales, la adaptación de los contenidos a los nuevos avances científicos y tecnológicos, la individualización de la enseñanza (buscando que cada alumno desarrollase sus propias capacidades ), la democratización de los centros educativos, la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los centros, etcétera.

Frente a esto, ahora que el desarrollo de los contenidos de la Ley de Calidad empiezan a ser conocidos, me preocupa que el profesorado antes aludido se pueda dejar llevar por la nostalgia, por la añoranza de su niñez o por la creencia de que en la educación todo está ya descubierto, para abrazar sin más, con pasión desmedida, todo lo que contiene la nueva ley educativa. Personalmente entiendo que en el campo educativo es imprescindible el espíritu crítico, el debate, la reflexión sosegada y, sobre todo, tener la mirada puesta en el futuro.

Sin embargo, hasta ahora, lo que se nos ha presentado de la Ley de Calidad no parece aportar nada nuevo, y sin embargo sí que nos resulta familiar a quienes pasamos por la escuela o el instituto en las décadas de los años 60 y 70. A saber: vuelve la asignatura de religión (a afecto de repetición de curso y de acceso a becas), vuelven las notas numéricas (eso sí, sin decimales), vuelve la reválida en bachillerato, vuelven los exámenes de recuperación (no necesariamente de septiembre), etcétera.

Permite sin embargo, la citada ley, la posibilidad del desarrollo de una parte significativa de la misma, por parte de las comunidades autónomas (en concreto 31 artículos). Entre otras cuestiones que la Ley de Calidad deja en manos de la Administración autonómica está la de establecer exámenes extraordinarios, en junio o septiembre, para aquellos alumnos de secundaria que a final de curso suspendan alguna asignatura.

El hecho de que una parte del profesorado y algún sindicato funcionarial reclame entusiásticamente la vuelta a los exámenes de septiembre, pretendiendo que durante dos calurosos meses de verano un alumno de enseñanza obligatoria consiga lo que no logró con la ayuda de su profesor durante los nueve meses del curso, puede resultar contradictorio y poco coherente, por ejemplo, con el argumento de las altas temperaturas que se dan por las tardes en Extremadura , mantenido recientemente en la petición del cambio de jornada escolar.

No cabe la menor duda que, volver a los exámenes de septiembre en la enseñanza obligatoria significa, desde un punto de vista pedagógico, romper el concepto de evaluación continua recogido en las leyes educativas, pues el alumno estudiaría durante el verano, solo o con la ayuda de un profesor distinto al que tuvo durante el curso. Supone crear desigualdades sociales, por motivos económicos o culturales, pues habrá padres que no puedan permitirse llevar a su hijo a un internado durante el verano (¡qué barbaridad!), pagar un buen profesor para que recupere unas enseñanzas obligatorias, o simplemente no valoren debidamente la educación de su hijo. Establecer exámenes de secundaria en septiembre afectaría igualmente al inicio de curso, con el consiguiente retraso en el inicio del mismo y la reducción de días lectivos en el calendario escolar.

Sin duda alguna, la realización de los exámenes extraordinarios en junio, después de realizada la evaluación final y antes del día 30, evitaría todos estos inconvenientes y nos situaría en línea con lo que ya han decidido comunidades autónomas como Cataluña, Asturias o Andalucía. Realizar los exámenes en septiembre, es volver al pasado, a las "clases de pago" y al negocio de las academias privadas.