Carece de justificación la reacción desproporcionada de las autoridades danesas con el presidente de Greenpeace España, Juan López de Uralde, y otros tres militantes que se colaron en los prolegómenos de la cena de jefes de Estado y de Gobierno que la reina Margarita ofreció durante la cumbre de Copenhague. La protesta de riguroso esmoquin de López de Uralde y compañía puede ser motivo de sanción, pero no tiene ni pies ni cabeza que una acción por demás pacífica merezca permanecer en la cárcel 20 días. No por ser Dinamarca un país de la UE el episodio es menos grave que si se hubiese desarrollado en un estado donde los derechos humanos no tienen cabida. Acaso lo sea más porque justamente los tratados de la UE consagran el principio irrenunciable de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Más parece, como ha puesto de relieve López de Uralde antes de regresar a España, que los responsables de la desastrosa organización de la cumbre quisieron desviar la atención con un suceso sin más trascendencia política que los consabidos tira y afloja entre los ecologistas y el servicio de seguridad. Ninguno de los presentes vio mermada su seguridad, nadie corrió peligro ni hubo asomo de alarma entre los comensales. Lo único que quedó en evidencia es que el control de acceso al recinto era francamente mejorable y bastaba vestir de etiqueta y comportarse con pulcritud para acercarse a los invitados. Ahí si que deberían pedir responsabilidades los participantes en el ágape y debiera aplicarse el Gobierno danés en identificar a los responsables para evitar situaciones similares.
