Casi 60 años después de que fueran enterrados en el Valle de los Caídos sin informar ni pedir permiso a las familias, el lunes empezaron las obras de recuperación de los restos de cuatro víctimas de la guerra civil enterrados en el gran mausoleo. Ha sido necesario un largo proceso judicial para conseguir la entrada de las excavadoras en esa gran fosa común que es el Valle de los Caídos, símbolo de una de las asignaturas pendientes más lacerantes de la democracia española: la recuperación y devolución a sus familias de los restos de las víctimas de la guerra civil que descansan en fosas comunes. El pacto de voluntario olvido que, en un contexto histórico comprensible, sirvió para cimentar la naciente democracia en la transición se ha convertido con el paso de las décadas en una vergonzosa e incomprensible inacción. Lo que empezó a suceder el lunes en el Valle de los Caídos no es revanchismo, sino reparación y, aunque muy tardía, justicia. Las familias de los muertos lo lograron a través de la vía judicial, ya que el Gobierno de Rajoy no se atrevió a derrocar la ley de la memoria histórica, pero sí la deja morir de inanición. Nunca el carácter democrático de la derecha española que representa el PP será creíble hasta que rompa los vínculos emocionales con el franquismo, admita la necesidad de reparación y justicia de tantas familias y ponga los mecanismos del Estado de derecho a disposición de la memoria histórica y la necesaria reconciliación.
