Supongo que tiene que ver con la juventud de nuestra democracia. Pero, tarde o temprano, tendremos que establecer unas reglas del juego también para la asunción de responsabilidades políticas. Una especie de código deontológico de la profesión política que no deje lugar a dudas sobre si alguien imputado, inculpado, procesado o simplemente pillado en actitud o comportamiento antiestético, debe seguir o no ocupando un puesto. Lo que está claro es que esa decisión --si no dimite directamente el afectado, que sería lo honroso-- no puede quedar al albur de los intereses coyunturales de los partidos. Porque siempre habrá una campaña electoral en el horizonte, o un congreso del partido, que justifique echar balones fuera durante una temporada hasta que la situación se haga insostenible.

¿Tenía que dimitir Mariano Fernández Bermejo por cazar en Jaén sin la licencia andaluza con un juez que acababa de desencadenar una operación anticorrupción contra el principal partido de la oposición? Parece claro que sí. Cazar sin licencia territorial no es tan grave, pero lo mínimo que se le puede pedir a un ministro de Justicia es tener los papeles en regla. ¿Puede aguantar el tesorero del PP, Luis Bárcenas , señalado por un juez como presunto receptor de dinero corrupto, al frente de las finanzas del partido que puede gobernar España pasado mañana? Parece claro que tampoco. En público, ningún dirigente del PP lo reconoce, pero en privado ya hay quien ve su salida inevitable.

Los dirigentes políticos argumentan que no se puede dimitir por simples informaciones periodísticas o por la mera acusación de un delincuente que siempre tratará de exculparse esparciendo basura. Cierto, hay casos con los límites más difusos. Dos fronteras parecen claras: que te pillen sin papeles --Bermejo-- o que un juez sospeche que has cometido un delito --Bárcenas--. Otras democracias lo tienen resuelto desde hace tiempo: a Barack Obama le echaron para atrás una candidata a miembro de su Gobierno, Nancy Killefer , por retrasarse cinco meses en pagar 900 dólares en impuestos.