La Ley Extremeña de Educación, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado viernes después de que PSOE y PP consensuaran su texto, nace con las mejores expectativas, y esta circunstancia compromete más a todos. A todos, y no solo a las formaciones políticas que lo refrendarán en la Asamblea, porque la ley también es fruto de una amplia discusión entre enseñantes, asociaciones de padres, sindicatos, etc.
Es verdad que deja reivindicaciones pendientes, como la equiparación salarial entre los enseñantes de la educación pública y los de la concertada, pero en su conjunto esta norma podría ponerse como ejemplo de la madurez y del sentido institucional de todos los actores que han conseguido parir el texto común. Plantea también algunas novedades que deben ser valoradas: premiar a los profesores que se impliquen más en su trabajo y que dispongan de un espíritu innovador es un elemento positivo. Sin embargo, implicación, motivación o espíritu innovador son conceptos que deben ser claramente definidos para que quienes los pongan en práctica sepan que van a obtener la recompensada esperada, porque si no se definen, al cabo de poco tiempo podrían generar un desencanto en los profesores que se volviera contra el propio sistema. De igual modo, es necesario diseñar, realista pero ambiciosamente, los planes de éxito escolar de cada centro.
La educación en Extremadura está alcanzando en los últimos años estándares de calidad que se acercan a la media nacional. Y la forma en que se ha negociado la nueva ley, el amplio consenso que la sustenta y las aspiraciones que predica conforman un clima nuevo en torno a la educación en la región cuyo aliento no debe ser desaprovechado.
