La investigación policial sigue desvelando a buen ritmo la trama de los atentados del 11-M, con nuevos datos y detenciones de sospechosos. Una de las revelaciones más alarmantes ha sido que un cómplice local de los terroristas hurtó la cantidad de explosivos suficiente para causar una masacre como la de Madrid sin que ni siquiera se echasen en falta.
El Gobierno clamó contra Francia por los robos masivos de dinamita por parte de ETA entre 1999 y el 2001. Se logró que el país vecino reforzase sus controles tras denunciar que las laxas medidas de seguridad eran una imperdonable falta de compromiso en la lucha antiterrorista. Se dijo entonces que esto no sería posible en España. Lo sucedido lo desmiente. En un país golpeado por ETA y amenazado por el terrorismo integrista islámico, debería estar contabilizado escrupulosamente y bajo custodia policial cada cartucho de dinamita. El control por la Guardia Civil de las compras y traslados de grandes partidas de explosivos no basta. Ya hemos visto cuánto daño puede hacerse, y con qué facilidad, aprovechando la falta de precauciones en las minas y canteras, que son el destino de este material, y donde, al parecer, ya no llega la mirada de las fuerzas de seguridad españolas.
