WEw l gran pulso entre la izquierda radical vasca y el Estado a propósito de las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 27 de este mes está llegando ya a su fase decisiva. La Sala 61 del Tribunal Supremo deberá decidir a partir de hoy y hasta las 12 de la noche del próximo sábado sobre la legalidad o no de distintas listas que colectivos aberzales presentan a esa cita electoral. Los jueces tienen ante sí y ante la sociedad la gran responsabilidad de discernir cuáles de esas candidaturas están contaminadas por el entramado ETA-Batasuna, declarado ilegal, y cuáles no.

Contrariamente a lo que pueda parecer al oír a los portavoces del Partido Popular, no es tarea fácil esa labor de impugnación. Sobre todo porque en todo este proceso hay que tener presente que debe prevalecer el derecho de todos los ciudadanos a participar con igualdad de condiciones en la vida democrática, siempre, y eso es de todo punto inexcusable, que respeten la legalidad. Es preciso confiar en la ley de partidos, en todo su articulado, porque al mismo tiempo que buscaba apartar del sistema a quienes no condenaban el terrorismo, alberga un conjunto de resortes garantistas, justamente para evitar que individuos o colectivos puedan perder sus derechos constitucionales.

Hasta ahora mismo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General parecen tener claro que las listas que tratan de concurrir como independientes o bajo las siglas de Abertzale Sozialistak (AS), encabezadas en muchas ocasiones por notorios dirigentes de la izquierda aberzale, forman parte del complejo ETA-Batasuna y serían un intento descarado de desembarco de las formaciones ilegales en una marca blanca.

Otra cosa son las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), organización cuya legalidad confirmó la pasada semana el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón basándose en los informes aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Expurgar en esas listas las que están integradas por miembros de Batasuna u otros grupos ilegales es una cuestión muy delicada porque afecta a derechos fundamentales. y Sería lamentable que el clima político crispado se constituyera en una especie de pantalla y acabara dando la razón a los nacionalistas vascos que vienen alegando que la democracia española les expulsa de las instituciones democráticas.

En cualquier caso, corresponde finalmente al Tribunal Supremo validar o no las candidaturas que hayan sido impugnadas. Deberá hacerlo con el rigor que le es exigible y sin que quede el más mínimo asomo de duda de que quienes incumplen la ley por no condenar la violencia no podrán presentarse, pero también de que nadie ha perdido un derecho tan esencial como el de la participación política.

El presidente del Gobierno prometió que en este caso se cumplirá sin sombra de dudas la ley de partidos. Corresponde ahora que el Supremo no deje duda de que eso ha sido así. No es un asunto fácil.