WLwa negociación que a principios de semana tuvo lugar entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades para consensuar una fórmula de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 2006 acabó con resultados negativos para Extremadura. Es tanta la unanimidad sobre los perjuicios que supondrá su aplicación para la agricultura y ganadería regional que las organizaciones agrarias (OPAS), demasiadas veces separadas, están unidas en ese diagnóstico. Hasta la Junta achica el agua y aspira a mejorar en el futuro el porvenir de algunos sectores. También coinciden las OPAS en que Extremadura ha evidenciado escaso peso político en la negociación, frente a autonomías como Cataluña y Andalucía, achacando al consejero José Luis Quintana el haberse plegado a las directrices del partido. Esta crítica es verosímil porque si hay algún sector en que los intereses son heterogéneos ese es el de la agricultura y la ganadería, en que lo común es que una autonomía tenga que defender una cosa y el gobierno de la autonomía lindante, a pesar de coincidir en el color político, tiene que defender lo contrario de la primera. Ante esta situación cabe preguntarse sobre cuál habría sido la posición de la Junta si el resultado de esa negociación se hubiera producido con un gobierno del PP.
