No ha pasado tanto tiempo como para que no recordemos, pero diez años sí que dejan ciertas cosas en el olvido. O precisamente por eso: ya pasamos por aquí y sabemos cómo y cuándo se encuentra la salida de una crisis. El caso es que en Extremadura el debate económico apenas ha existido públicamente. Ocupados en la gestión sanitaria del coronavirus y en el contaminado debate político, arrastrado por el intoxicante ruido procedente de Madrid, la preocupación por el futuro (inmediato) económico de la región ha quedado en un segundo plano.

Me pregunto cuánto ha tenido que ver en eso la propia configuración socioeconómica de Extremadura. Parecemos cómodamente instalados en el modelo regional existente, sin cuestionar si es posible cambiarlo, qué costes -financieros y humanos- tendría y, sobre todo, si el actual nos es útil a medio y largo plazo. Extremadura parece haber resistido sin grandes cicatrices en sus costuras económicas la gran recesión económica. Pero, en realidad, es mera apariencia.

Nuestra comunidad es, dentro de España, la que cuenta con un mayor peso del sector público en su riqueza. Más del 25 por ciento de nuestro producto interior nace del sector público. Una proporción claramente excesiva, que toma una dimensión incrementada si tenemos en cuenta su influencia en el empleo: dos de cada tres empleos se originan, directa o indirectamente, por organismos públicos.

La producción industrial en nuestra región es claramente marginal (a excepción de la originación eléctrica) y la innovación, factor secundario. Gran parte de nuestra relación con la tecnología viene de la vertiente de ser sede de empresas auxiliares. Es decir, servicios. Porque nuestra economía es un ecosistema de servicios, en el que el turismo, la restauración y el ocio ocupan la mayor parte del espectro empresarial (atomizado además en empresas que son, mayoritariamente, pymes y autónomos).

La naturaleza de la producción de estos subsectores privados hace que sean de los más afectados por el cierre del confinamiento. No hace falta ser adivino para saber que el sector público en Extremadura pasará a tener aún mayor peso económico. Ocupará parte del «espacio» del sector privado, vía financiación (líneas de ayuda públicas, aplazamientos) y seguirá jugando un papel clave en el empleo, dentro de una región que se ha acostumbrado -como si fuera una maldición bíblica- a un paro estructural cercano al 20 por ciento, incluso cuando hemos vivido años de crecimiento económico.

Dejar la supervivencia económica en manos del sector público puede generar una falsa sensación de seguridad. Acostumbrados a vivir en una economía subvencionada, el parón comercial nos «afectará» individualmente sólo cuando suponga el cierre de comercios y negocios cercanos (como ya pasó en la gran crisis financiera). El hecho de que la visualización individual del golpe a la economía sea reducido, esa sensación de que «no es para tanto», es toda una trampa

El hecho de vivir en una región donde no habrá EREs masivos, no quiere decir que estemos mejorando la perspectiva de la ocupación juvenil ni de resolver nuestro desequilibrio. Que la bajada del consumo vaya a ser menor que en otras regiones (y será así) no es que hayamos manejado mejor la crisis, sino el efecto de que el poder adquisitivo es bajo, con la menor media salarial del país y con una reducida capacidad de compra (y ahorro) familiar.

Hay un punto clave: todo el peso que gane el sector público en la desescalada económica habrá que pagarlo. Y las finanzas regionales ya tienen un grado salvaje de dependencia de recursos exteriores.

Quizás era el momento de pensar en el medio plazo. Sin dejar de cumplir una labor asistencial más necesaria que nunca, el gobierno extremeño podía haber armado más soluciones que las de ver qué hace el resto. En vez de promocionarnos exclusivamente como destino turístico, podíamos haber aprovechado y fomentar ser «destino empresarial». La potenciación (obligada) del teletrabajo favorece que muchas empresas mediten reubicar a sus empleados en otras localizaciones, con costes más bajos y permitiendo con el mismo salario mayor capacidad. Con ciudades que cuentan con una alta calidad de vida respecto de los grandes núcleos urbanos.

Claro que una ocasión así, requería generar beneficios fiscales, una planificación de ingresos público menor y algo de tiempo de ejecución. Así que ya saben por qué no ocurrirá.

*Abogado. Especialista en finanzas.