Profesor de Sociología de la Uex

Los datos desagregados para Extremadura del Estudio 2.455 de septiembre de 2002 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de 486 encuestas aportan un cuadro de la opinión de los extremeños respecto de sus instituciones políticas sumamente interesante. Existe una opinión mayoritariamente favorable respecto de nuestra situación política, que es considerada como "buena/regular" por el 76% de los encuestados. Esta visión optimista de "lo político" contrasta con la valoración que se hace de la situación económica regional, que es considerada como aceptable por un número significativamente menor de extremeños, el 67%; en tanto que tres de cada diez opinan que es mala o muy mala. En mi opinión, esta percepción de la situación económica regional tiene que ver con la consideración que se hace del principal problema de Extremadura que es, de forma destacada sobre el resto de los problemas, el paro (92%); muy por detrás quedan otras preocupaciones como las drogas (15%) o la sanidad (14,3%).

Se desprende de este sondeo que un porcentaje elevado de ciudadanos estima que es justamente en "las políticas de lucha contra el desempleo" donde la Junta tiene asignatura pendiente, ya que entienden que éstas han sido mala o muy mala el 60%. Sin embargo, es necesario advertir que precisamente en este ámbito las competencias autonómicas están poco desarrolladas, se han asumido tardíamente y, cualquier acción regional a favor del empleo está subordinada al peso y las directrices de la política estatal, estando demostrado que la incidencia de las políticas económicas neoliberales sobre las economías periféricas es, hasta ahora, más negativa que positiva, el menor en el terreno de la lucha contra el paro. Esta situación, valorar de forma negativa la acción de una administración sobre un problema del cual sus competencias son sumamente limitadas, se explica, por un cierto grado de desinformación de la ciudadanía sobre asuntos capitales. Esta falta de información y hasta de perspectiva se observa también cuando se pregunta acerca de en "qué comunidad piensa que se vive mejor"; la respuesta mayoritaria es que en Cataluña y Madrid, cuando los datos objetivos indican que son Navarra y Baleares las que disponen de mayores niveles de renta y bienestar.

La adhesión de los extremeños al marco institucional actual también se aborda en la encuesta para constatar un apoyo mayoritario a "un estado con comunidades como el actual" (54,5%)... pero, "con un mayor grado de competencias" (32,7%). Se reclama más autogobierno, ya que 6 de cada 10 extremeños consideran que la Junta ha contribuido a acercar la gestión pública a los ciudadanos. Mayoritariamente se piensa que el modelo autonómico ha sido positivo para el conjunto del estado (75,3%) y que ha funcionado de manera aceptable (bien/regular 86%).

La base del elevado grado de aceptación de las instituciones autónomas está en el modo cómo se han defendido los intereses regionales frente al gobierno central y que los extremeños enmarcan en la categoría de "colaborar y negociar sin llegar a un enfrentamiento", postura que sostienen como la más adecuada el 66,3% y que se identifica con la acción de la Junta. De forma mayoritaria se considera que esta institución, en los últimos tres años, ha tenido capacidad de defender los intereses de la región, se valora su honradez, su capacidad de diálogo y comunicación con el hombre de la calle y el conocimiento de los problemas regionales, quizá por ello el 60% aprueban la labor de la Junta.