Que haya que celebrar casi como una victoria del Estado de derecho la circunstancia de que Carlos Fabra haya llegado finalmente a ser juzgado después de diez años de investigaciones da la perfecta medida tanto de la lamentable situación de la justicia en España como de la no menos penosa laxitud del Partido Popular con sus dirigentes que no respetan la ley.

En todo caso, la vista iniciada ayer contra quien fue presidente de la Diputación de Castellón durante 16 años debe ayudar a restituir, ni que sea parcialmente, la confianza de los ciudadanos en la justicia de nuestro país, forzada ad nauseam en este tortuoso proceso. Nueve jueces de instrucción y cuatro fiscales se han sucedido en este caso a lo largo de una década, un fiel y escandaloso reflejo de las bochornosas maniobras dilatorias urdidas por Fabra y sus abogados, algunas de ellas propias de países tercermundistas.

Probablemente ningún político español concita tanta animadversión como el castellonense Fabra, porque reúne no solo una vasta colección de presuntos delitos --tráfico de influencias continuado, cohecho y fraude fiscal-- sino porque su cinismo y su prepotencia rebasan con mucho lo admisible y suponen un insulto a la dignidad y la inteligencia de los ciudadanos españoles.

Asegurar, como hizo para justificar ingresos de origen no declarado, que le tocó la lotería una decena de veces en 12 años, o considerar casi como de su propiedad el ruinoso y esperpéntico aeropuerto de Castellón son solo dos muestras de una desfachatez que no es posible desvincular del hecho de que Fabra es el séptimo miembro de su familia que preside la diputación. El sistema clientelar muy cercano al caciquismo que perpetuó en la provincia explica que pudiera mantenerse en el cargo gracias a los buenos resultados electorales. Y ese mismo poder fue lo que llevó al PP valenciano no solo a no cuestionar sus peculiares métodos sino a dar pábulo a su reproducción en otras zonas de la comunidad.

De alguna manera, también eso estará presente en el juicio ahora iniciado, por el que desfilarán varios exministros. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra 13 años de cárcel, 15 de inhabilitación para un cargo público y una multa de 1,9 millones de euros. Si el sentido común y la justicia convergen, no parece que las penas finalmente impuestas debieran ser muy distintas de estas.