WEwl divorcio a la española tiene los días contados. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ultima la reforma de la ley que en 1981 legalizó la disolución del matrimonio, un tabú heredado de la dictadura. Aquella ley supuso un hito en la sociedad de la época, pero 23 años después está anticuada. A diferencia de las normas vigentes en Europa, la española impone la separación previa, un tributo ideológico que hubo que pagar hace dos decenios a la Iglesia católica.
Eliminar este peaje, facilitar el divorcio de mutuo acuerdo, aligerar los requisitos más farragosos de las causas matrimoniales y reducir a la mitad su periodo de tramitación son los objetivos esenciales de la reforma que puede estar en vigor en el 2005. Y los beneficios son obvios. Se abaratará el coste del proceso judicial y, sobre todo, se sentarán las bases para acortar el vía crucis de quienes ya han decidido divorciarse. Simplemente por eso ya merece la pena llevar a la práctica esta promesa electoral del PSOE. La audacia está a veces en instaurar la normalidad. Sólo hay que asegurar que jueces y fiscales dispongan de las herramientas indispensables para minimizar los perjuicios y proteger a los menores en los casos de divorcio.
