WNw o se ha establecido todavía la causa por la que el avión MD-82 de la compañía aérea Spanair cayó en el aeropuerto madrileño de Barajas a unos cientos de metros de la pista de despegue el pasado 20 de agosto. Lo que sí se van conociendo son datos ciertamente relevantes sobre el mal estado en que se encontraba este aparato. Entre ellos, los fallos reiterados que presentaban las piezas móviles de las alas (slats y flaps) y que son imprescindibles para llevar a cabo las maniobras de despegue o aterrizaje de la aeronave.

La comprobación en los registros escritos de averías que mecánicos y pilotos han de hacer cada vez que se encuentran con una incidencia --lo que da una medida del afán regulatorio al que se somete a las compañías-- también ha revelado averías repetidas de la sonda de la temperatura exterior y del freno del motor derecho (reversa) del avión desgraciadamente siniestrado.

En apariencia, los fallos fueron subsanados o no tenían la importancia suficiente para dejar el avión en tierra. Por otra parte, otras informaciones procedentes de las cajas negras, que todavía están por confirmar, también sugieren que los sensores que debían alertar a los pilotos sobre el mal funcionamiento de las piezas móviles de las alas tampoco se activaron en el momento adecuado.

En paralelo al lento flujo de datos del accidente se están conociendo comportamientos indeseables de quienes ven en el suceso una ocasión para hacer negocio. Es lo que están demostrando la pléyade de bufetes de abogados norteamericanos que van a la caza de familiares de las víctimas para que demanden en EEUU al fabricante del MD-82, Boeing.

Las prácticas de acoso de estos letrados son ilegales en su país, y la probabilidad de que su pleito prospere parece en principio que es muy baja. Es casi seguro que el accidente de Barajas quedará bajo la tutela de la justicia española, poco dada a los arreglos extrajudiciales. Por eso llama poderosamente la atención que las organizaciones de la abogacía española no hayan tomado postura clara y determinante en torno a este tema.

Cuestión aparte es la marcha de la investigación, que no debería dilatarse hasta los 12 o 16 años de casos similares, tal como denuncian, con razón, los bufetes norteamericanos para ganarse simpatías en España. Hay una investigación judicial en marcha y una comisión técnica --con el ministerio de Fomento, Spanair, Boeing y pilotos entre sus miembros-- que evaluará los hechos para evitar que en el futuro se repitan.

El trabajo del juez y de la comisión se complementan, pero si realmente se quiere asegurar el esclarecimiento de los hechos, el juez debería contar con peritos independientes, vista la composición de la comisión técnica.