Este pasado verano entró en vigor el llamado permiso de conducir por puntos con un retraso respecto a otros vecinos europeos absolutamente escandaloso. Por motivos informáticos, no se implantaba un sistema que hubiera salvado muchas vidas (un 10% de los muertos durante cuatro años significa alrededor de 2.000 vidas humanas). Este es solo un indicio de la falta de coherencia y seriedad en la política pública de seguridad vial que no hace más que culpabilizar a los conductores de un problema mucho más complejo.
La siniestralidad en este país es desgarradora (106 muertos esta Semana Santa), y atribuir toda la culpa al procedimiento sancionador o a los conductores me parece poco más que una crueldad. Vaya por delante mi apoyo absoluto al endurecimiento de las medidas contra los infractores más graves. Además de la mano dura, otros países de nuestro entorno aplican también medidas preventivas que España ignora absolutamente. La Administración también tiene responsabilidades en este tema y podemos hacer el ejercicio crítico de enumerar alguna de ellas:
1.--La formación teórico-práctica que en España recibimos los conductores constituye un ejemplo esperpéntico de reglamentismo inútil. ¿Es verdaderamente importante para aprobar la teórica del permiso saber los amperios de las lámparas de los faros de largo alcance? Para nada.
2.--La formación escolar acerca de un fenómeno que arroja 5.000 muertos anuales es nula. Una verdadera pena que nadie haga ninguna propuesta al respecto. Hace falta una política educativa sobre las implicaciones de la conducción desde edades tempranas. Parece ser que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene algunos contenidos al respecto.
3.--APARECE EN los medios de comunicación la relación de puntos negros de las carreteras donde según las autoridades los conductores nos empeñamos voluntariamente en perder la vida. No hay apenas condenas de responsabilidad de la Administración por el mal diseño o mantenimiento de esas carreteras.
4.--La ley prevé unos controles para la publicidad de vehículos que incite a la velocidad. Podrían citarse varios ejemplos de anuncios que utilizaban la velocidad como argumento publicitario aparecidos en nuestras pantallas con total inhibición de la DGT.
5.--Si circulamos por las carreteras europeas, percibiremos una notable diferencia en la dimensión de las carreteras y el flujo de vehículos que soportan. Hay estudios europeos que demuestran una inequívoca relación entre inversión en infraestructuras y siniestralidad. A título de ejemplo: la señalización de las obras en el extranjero ofrece ciertas garantías al conductor de poder adaptar su conducción al imprevisto. En España, casi no se señaliza o se hace de forma muy deficiente, y la Administración se lava las manos.
6.--Varios estudios demuestran la incidencia de la prontitud en la atención sanitaria a los accidentados como un elemento determinante para reducir la mortalidad de los siniestros. España casi dobla el tiempo de respuesta en la asistencia a los heridos.
7.--La instrucción de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico es mala. Si los infractores (y sus asociaciones) recurren es porque la calidad jurídica de la Dirección General es deficiente. Tráfico vulnera sistemáticamente los derechos de los ciudadanos, con desprecio por el procedimiento, con atajos ilegales y, en la mayoría de los casos, con chapucería manifiesta que deben corregir los tribunales de justicia, a quienes, encima, se acusa de ser obstáculo poco menos que retrógrado.
8.--El ordenamiento en su conjunto es incoherente, de manera que a veces resulta más beneficioso para el infractor el procesamiento penal frente a la sanción administrativa. Esto constituye una inversión en la proporcionalidad y una auténtica barbaridad.
9.--Podemos preguntarnos, también, por qué no es obligatorio que los coches lleven dispositivos de telefonía sin manos de serie. ¿Es más peligroso hablar con un auricular por teléfono que leer datos de una pantalla GPS? Como conductor, la sensación general es de un casuismo e improvisación totales. Recordemos sino el caso de los triángulos de señalización de emergencia.
10.--El carnet por puntos pierde toda eficacia si no se notifica rápidamente a los conductores para que puedan corregir sus excesos. Se habla de hasta cuatro meses para que la Administración curse la denuncia por exceso de velocidad captado por un radar. Además, se ha distorsionado un mecanismo que debía ser preventivo para volver a la consabida represión.
11.--La señalización no se adapta a la realidad de las cosas. Así, cuando se limita la velocidad a 30 km/h todo el mundo entiende que eso no es real y que se imponen límites excesivamente rígidos contando ya con un margen de infracción. De este manera se diluye la credibilidad de las señales.
12.--Los cursos de reeducación para recuperar los puntos del carnet o volver a examinarse se perciben como otro sacacuartos administrativo sin ninguna efectividad. Las autoescuelas han luchado ferozmente por obtener esos ingresos extraordinarios.
Podríamos discurrir con más argumentos para demostrar que hay una gran cantidad de factores que influyen en nuestros dramáticos resultados. Sin duda, algunos son culpa de la escasa percepción del riesgo que tenemos los conductores. Otros, sin embargo, apelan directamente al tipo de política de seguridad vial y a los recursos humanos y económicos que a ella se destinan. En ningún caso vale culpar solamente a los conductores o a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo demás impecablemente elaborada, ni tampoco reducir las garantías del procedimiento sancionador.
*Profesor de Derecho Administrativo
