Todos teníamos esperanzas de que el Gobierno derogara los decretos de racionalización del gasto educativo a la mayor brevedad. Es cierto que el que suscribe no era partidario de hacerlo efectivo a la mayor brevedad, pues muchas comunidades con serios problemas de déficit, incluso presupuestarios para afrontar ciertas medidas ya adoptadas en cuanto a personal docente, no podrían aplicarlas para el próximo curso, pues además del presupuesto existe el problema de la planificación escolar, la oferta y la demanda para alumnos y familias y los horarios ya cerrados en los centros educativos con sus respectivas plantillas.
Sin embargo, me cuesta comprender la solución para esas autonomías y las otras, de «sálvese quien pueda». Si la intención es derogar los decretos que nos permitan volver a las dieciocho horas, suplir las bajas, todas, a la mayor brevedad, o la disminución de ratios -aunque esta última es una falacia en cuanto en tanto el decreto anterior lo vinculaba a la tasa de reposición, y ésta hace un par de años llegó al 100% por lo que no debiera existir aumento de ratio-, hágase, pero para todos.
No podemos seguir viviendo en una España de dos velocidades, tres o cuatro. No podemos seguir desvertebrando el sistema educativo según cada comunidad le plazca, pueda o no pueda, desee o deje de desear, La educación en España se rige por una norma de rango estatal, a su vez su funcionariado tiene carácter estatal, aunque su sueldo dependa de cada comunidad -otra aberración de absoluta incongruencia- y nuestros alumnos tienen los mismos derechos y obligaciones, o al menos deberían, en todo el territorio español.
No señora Celaá, a estas alturas de curso usted puede derogar los RD14/2012, 12/2012, 28, 30, y hasta la fórmula 44, pero de obligado cumplimiento para todas las autonomías y para el mismo curso escolar. Que es éste, por si no llegan al segundo año de mandato, apoyen a las autonomías para ese fin. Que no es éste, será el siguiente, y la autonomía que no pueda sufragarse el gasto pues tendrá que ser ayudada por el gobierno central. Pero señores, lo que no podemos permitir es unos a diecinueve horas, otros a dieciocho, otros a veinte, unos con veintiocho alumnos, otros con veinticinco y otros con veinte, unos trilingües, otros bilingües y otros con una lengua por cuyons y otra para cubrir el expediente, unos sueldos al norte que doblan a sus homónimos del sur, o permisos por hijos enfermos al este y tener que dejar al hijo enfermo al oeste.
Queremos mejorar la educación sin mejorar la educación en general, si no la educación de nuestros socios de gobierno en particular. Un Gobierno Central no está para crear desigualdades entre autonomías. Está para legislar en todas las autonomías y para que la Educación sea la misma en todo el territorio español, y si no son capaces, no quieren o pueden, por compra o venta de votos, o simplemente por comodidad o incapacidad, impulsen el Pacto Educativo que la sociedad demanda, pero en Educación, ya hemos visto demasiadas falsas apariencias y peores resultados.
* Maestro
