Cuando una decisión judicial violenta el sentido de la ley, como sucede con la del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de dejar en libertad a siete piratas apresados en el Indico, la confianza en los tribunales sale malparada. De hecho, Defensa ha pedido a la Abogacía del Estado que se persone en el recurso presentado por la Fiscalía ante la decisión de Andreu.
