El Gobierno cambiará las condiciones en que se puede exigir la devolución de un crédito bancario si fue concertado para adquirir un servicio que no se recibe satisfactoriamente. Es una decisión lógica que solucionará el problema de miles de españoles atrapados por la crisis en cascada de centros de enseñanza como las academias de inglés Opening. Los alumnos tendrán amparo legal para lo que es de sentido común: no pagar por unas clases que no reciben. El engaño es conocido: el alumno no abonaba una matrícula sino que suscribía un crédito, pese a que en la mayoría de casos el acuerdo se hacía en los centros de enseñanza y no en un banco. El intrusismo habitual en los cursos de formación, la falta de escrúpulos de algunas entidades financieras a la hora de informar a sus clientes y la caída de la demanda habían dejado al descubierto esa anomalía en la protección de los consumidores. Como todavía hay jueces que dan la razón a los bancos que reclaman deudas a quienes suscribieron créditos sin saberlo, tenía todo el sentido del mundo exigir al Gobierno que clarificara la normativa del crédito al consumo. Ha tardado en resolverlo, pero hay que felicitarse de que al final lo haya hecho.
