WLw a despedida del cargo el miércoles de la que ha sido la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) desde junio del 2004, María Emilia Casas, constituye un punto y aparte en una institución que en los últimos años ha sido objeto de innumerables manipulaciones y presiones por parte de los partidos políticos, lo cual ha devenido en un gran desprestigio, hasta el punto de que su credibilidad ante los ciudadanos ha quedado muy seriamente comprometida. El caso del nuevo Estatuto de Cataluña, cuya sentencia se demoró injustificablemente y el proceso del fallo fue tortuoso hasta el esperpento, situó el descrédito del TC en cotas inimaginables para una institución judicial de la importancia angular que tiene en el edificio judicial plasmado en la Constitución del 78.

Los integrantes del tribunal no son los únicos ni los principales culpables de una situación más propia de una república tercermundista: cuatro de los 12 jueces --la considerada progresista Casas entre ellos-- debieron haber sido relevados en diciembre del 2007, y cuatro más tienen agotado el mandato desde noviembre.

La responsabilidad de esta gravísima anomalía corresponde casi por entero a los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, que se han mostrado en todo este tiempo incapaces de ponerse de acuerdo sobre quiénes debían ser los jueces entrantes. Esa incapacidad tiene su causa en que la renovación de este órgano judicial es un asunto capital para ambos partidos en la medida en que se ha convertido en la práctica, en muchos temas, en una especie de tercera Cámara capaz de alterar leyes aprobadas por la mayoría del Congreso y del Senado.

Y en esta estrategia de parlamentarización del TC para inclinarlo hacia sus posiciones el PP ha tenido un protagonismo destacado desde que el PSOE ganó las elecciones del 2004. De ahí que ofenda a la sensibilidad democrática que un hombre como Federico Trillo, que desde hace años ha puesto sus conocimientos jurídicos al servicio de esta y otras muchas argucias espurias con el objetivo de obtener réditos políticos para el PP, haya criticado con inusitada acritud a Casas por haber acusado a los partidos de incumplir de forma tan escandalosa los plazos para renovar el TC. Los integrantes del tribunal, en un gesto que les dignifica, apoyaron unánimemente la denuncia de Casas en su discurso de despedida.

La presidenta saliente del Tribunal Constitucional llamó a modificar, en dicho discurso, la forma de elección de los integrantes del organismo para evitar que el sonrojo se perpetúe. El desacuerdo entre PSOE y PP para renovar a los otros cuatro jueces caducados parece ir para largo, lo que legitima esa petición. Y mientras, el crédito del órgano que tiene como misión única ser garante de la Constitución baja un poco más.