Como todo lo que afecta a Jesús Gil, la sentencia de la Audiencia Nacional que le desposee de las acciones que le acreditaban como propietario del Atlético de Madrid se ha prestado a todo tipo de interpretaciones deportivas y políticas. Pero frente a la incontinencia verbal de Gil debería prevalecer la esencia de la decisión judicial: el polémico personaje y sus abogados han utilizado hasta la saciedad todo tipo de artimañas para poseer un club de fútbol sin poner un euro de su bolsillo, fingir ingresos y gastos, aunque fuera a costa de inmigrantes necesitados, y obstruir la acción de la justicia durante años. Ha sido el engaño permanente al resto de accionistas de la sociedad anónima deportiva que es el Atlético de Madrid lo que ha fundamentado el fallo de los jueces.
El caso de Gil sienta un buen precedente para esclarecer las múltiples irregularidades cometidas en la privatización de clubes de hace una década. Y más cuando todo el mundo del fútbol está entrando en el ajuste drástico de sus ingresos que impone la cotización a la baja de los derechos de televisión. Aunque lo de Gil es caso aparte, porque su gran pecado no es lo que ha hecho como presidente del Atlético sino como alcalde de Marbella.
