El Gobierno aprobó ayer la fusión de las plataformas digitales de Prisa y Telefónica. Lo que Rodrigo Rato acabó denominando absorción de Vía Digital por parte de Canal Satélite, dejándose de lenguajes ficticios, depende sólo del cumplimiento de 34 condiciones que en principio parecen aceptables para las partes, pese a ser notoriamente más duras que las propuestas por Defensa de la Competencia o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Si esa fase se realiza sin problemas acabará un lamentable episodio de la eterna historia universal del intervencionismo del poder político para debilitar a los medios de comunicación que no controla.
La filosofía de las condiciones es razonable: que esta concentración no cierre las puertas a.la pluralidad en el ámbito digital, que haya posibilidad de competencia, y que el distribuidor de programas resultante quede abierto a la producción de otras compañías. También es pertinente garantizar que esta concentración no suponga un encarecimiento para los usuarios. Resulta más dudoso, sin embargo, que el Gobierno se reserve funciones de arbitraje sobre los acuerdos entre las dos empresas privadas, en vez de cederlas a los tribunales, siempre más objetivos.
