El Gobierno y las comunidades autónomas han logrado cerrar el sistema de financiación autonómica, uno de los asuntos que más han tensionado la vida política de los últimos tiempos en una doble dirección: entre regiones y Ejecutivo central y entre las propias regiones. La disputa por el reparto del dinero ha visualizado más que la España plural o la España autonómica, la España asimétrica en la que Cataluña ha jugado el papel de interlocutor privilegiado del Gobierno, de manera que en todo momento se ha transmitido la idea de que la llave de la financiación del conjunto de las comunidades la ha guardado el Tripartido catalán y, dentro de él, Esquerra Republicana, de manera que hasta que el partido de Puigcercós no dio el visto bueno al acuerdo la vicepresidenta económica no salió a anunciarlo. Por tanto, es ya una buena noticia que se haya terminado el espectáculo que colocaba a cada autonomía ante el espejo del papel subsidiario que ha estado jugando en esta partida.

¿Y cómo queda Extremadura? Mejor que con el modelo anterior. No solo porque, como todas las regiones, va a contar con más dinero (hasta ahora había 2.985 euros por cada extremeño; a partir de ahora, 3.170), sino porque en términos relativos mejora su porcentaje de sobrefinanciación en relación a la media (antes lo que Extremadura recibía por habitante era el 117% de la media y ahora el 121%) y, como consecuencia de ello, el diferencial entre población y financiación también sale mejorado. Y, además, porque se introducen en el sistema factores que benefician a la comunidad, como la densidad de población, y se reconocen diferentes tramos en el envejecimiento, un factor beneficioso para una sociedad tan envejecida como la extremeña.

El PP ha criticado por insuficientes los 202 millones anuales acordados porque esa cantidad, dice, es el reflejo del descenso "de la porción de tarta" que correspondía a Extremadura: con el anterior sistema esa ´porción´ era el 2,88%, con este el 2,58%. La crítica de Monago se entiende desde el punto de vista de la oposición, pero no de la lógica ni de la justicia porque si la base de la financiación debe ser la población, y si de los 5 millones de ´nuevos´ españoles de los últimos 5 años solo hay 16.400 en Extremadura, es difícilmente sostenible que la distribución de los fondos en razón del aumento de población se haga como si la región hubiera crecido igual que la media nacional.

Con todo, las cifras de la financiación son hoy más que nunca ´sobre el papel´ y, por tanto, solo sobre el papel puede decirse que son buenas. Es fácilmente predecible que los fondos reales serán menos que lo pactado por la sencilla razón de que los 11.000 millones adicionales que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para contentar a todo el mundo están calculados sobre los ingresos del 2007, año de bonanza económica. La realidad a partir del 2008 es más cruda y los ingresos más bajos. Si el Gobierno entrega fondos a cuenta luego habrá que liquidarlos y, como ya va a ocurrir este año, devolver el dinero recibido por encima de lo que corresponde. El gobierno, prudentemente, ha dilatado en cuatro años la devolución pero no ha dicho que la perdone, por tanto, las verdaderas cifras de la financiación están en el aire. Para todos.