Las irregularidades en la financiación de los partidos políticos, asociadas muchas veces a enriquecimiento personal, es una historia interminable. El caso del Partido Popular es paradigmático. Como explica hoy este diario en las páginas de España, las sombras de las sospechas se ciernen sobre las conexiones entre los tres hombres que han controlado las finanzas del partido de gobierno en España en las últimas tres décadas.

Angel Sanchís, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas , que forman ese triángulo, han sido tesoreros o gerentes del PP, son amigos, son ricos o se han hecho ricos y han tenido problemas con la justicia, de los que los dos primeros se han librado y el tercero se halla ahora imputado. Sus nombres aparecen en los casos Naseiro y Gürtel por trabajar juntos, hacerse favores o intentar tapar sus complicidades y tienen negocios en común. Pero además existen otras similitudes. En ambos casos, el PP consiguió volverlos contra los jueces --Luis Manglano en el primero y Baltasar Garzón en el segundo-- por irregularidades procesales en las grabaciones telefónicas. El caso Naseiro fue archivado y el caso Gürtel derivó en la expulsión del juez de la carrera.

La historia se repite y no por casualidad. Pero hay una diferencia sustancial: en el caso Naseiro, el PP estaba en la oposición y ahora, cuando ha estallado el caso Bárcenas --derivación de Gürtel-- está en el poder, es decir, no puede acusar a los adversarios políticos de organizar montajes contra el partido. El caso Bárcenas es de tal gravedad que el PP no podrá mirar a otro lado, como ya está haciendo Mariano Rajoy , que no quiere decir ni palabra hasta que concluya la investigación interna que ha anunciado. ¿Qué credibilidad puede tener dicha investigación interna? ¿Qué puede demostrar la auditoría externa si es cierto que se pagaban sobresueldos con dinero negro? ¿Cómo se rastrea el dinero que había en la caja B?

Ante la proliferación de los casos de corrupción, ya no vale con apelar a la honradez mayoritaria de la clase política, ni sirven de nada supuestos pactos anticorrupción, ni leyes de transparencia descafeinadas, ni informes sobre la necesidad de regenerar la política. O se aborda en serio de una vez la financiación de los partidos, acabando con la hipocresía de reducir las aportaciones transparentes sin disminuir los gastos reales, y se castiga ejemplarmente a los corruptos, o el desprestigio de la política será imparable.