WLw as instrucciones del fiscal de Cataluña José María de Mena para que se persiga por atentado a funcionario público a quienes agredan a profesores o sanitarios, tanto del sector privado como público, supone una rápida reacción a las denuncias que ambos colectivos habían elevado antes, con aparente poco éxito, a las autoridades sobre la falta de seguridad en su trabajo. Son unos profesionales, argumenta el fiscal jefe, que merecen una atención relevante porque personifican y garantizan el disfrute efectivo de objetivos constitucionales, como son el derecho a la educación y a la salud.

La mano dura que propugna el fiscal puede servir, si así lo asumen los jueces, aunque sus asociaciones hayan tachado de "forzada" la medida, para castigar casos graves de agresión a cargo de adultos --padres de alumnos, familiares de enfermos hospitalizados, jóvenes universitarios...--, pero no son aplicables en ningún caso a los menores que, por ejemplo, agredan a un profesor.

Y de poco sirve para atajar el problema de gamberrismo o de grave indisciplina en los centros educativos, que puede derivar, pero no necesariamente, en agresiones físicas. Esas situaciones requieren medidas sociales, pedagógicas, psicológicas y, en última instancia, disciplinarias, que salvo casos extremos --en los que deben actuar los jueces de menores-- dependen de las autoridades políticas y de la Administración educativa y local. De entrada, los equipos directivos y los consejos escolares deben ser dotados de instrumentos más ágiles y rápidos para intervenir cuando sea preciso.