De nada han servido las astucias y maniobras de distracción para sortear a la Junta Electoral Central (JEC), como la sustitución en el Palau de la Generalitat catalana y en otros edificios oficiales de los lazos amarillos por lazos blancos tachados por franjas rojas (alusión a la libertad de expresión), pancartas y otras ocurrencias para burlarse de la orden de retirada. La JEC decidió este jueves enviar el caso a la fiscalía para que investigue si el presidente Quim Torra ha incurrido en un delito de desobediencia, que puede acabar en su inhabilitación; abrirle expediente para multarle, y pedir al consejero de Interior, Miquel Buch, que ordene a los Mossos d’Esquadra la retirada de los símbolos independentistas. Una vez más, la policía autonómica se ve así atrapada entre la espada de cumplir la ley y la pared de los políticos que juegan con el prestigio del cuerpo policial. La reacción de Torra y del Govern a la orden de la JEC, respaldada por un dictamen del Síndic de Greuges --elaborado hace días y ocultado por la Generalitat-- indica que no se entiende o no se quiere entender el meollo del problema. No se trata tanto --que también, por su partidismo-- del contenido de las pancartas o de lo que representan los lazos amarillos, sino de que las instituciones deben ser neutrales y no pueden utilizarse como si pertenecieran solo a una parte de la ciudadanía. Cuando se sustituye un lazo amarillo por una pancarta reclamando libertad de expresión se olvida que este derecho pertenece a los ciudadanos y no a las instituciones públicas, que están obligadas a mantener siempre la neutralidad, y mucho más en periodo electoral.
Torra destaca por su exclusiva dedicación a la batalla de los símbolos, pero el problema no es solo suyo, sino de todo el Gobierno catalán, un Ejecutivo sin proyecto, desorientado estratégicamente y dividido entre dos partidos que se miran de reojo mientras luchan por la hegemonía en el movimiento independentista. Así, por ejemplo, mientras se sabe que ERC está en contra de la gesticulación permanente y de la desobediencia, ello no impide que sus representantes en el Ayuntamiento de Barcelona voten a favor de que se reponga el lazo amarillo retirado por Ada Colau. Es solo un ejemplo de las incoherencias de una política que se justifica en la necesidad de respaldar a los dirigentes presos juzgados actualmente en el Tribunal Supremo sin reparar siquiera si las actuaciones del Gobierno de Cataluña les benefician o les perjudican.
